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Informe anual del Defensor del Pueblo 2024: destaca la persistencia del problema de acceso a la vivienda y la vulnerabilidad de las personas en situación de sinhogarismo.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó el pasado martes 25 de marzo, en el Congreso de los Diputados su Informe anual sobre la actividad de la institución en 2024. En este informe se desarrolla, entre otras cuestiones, cómo el problema de acceso a la vivienda se está haciendo persistente para amplios sectores de la población, especialmente personas con menos ingresos, así como la vulnerabilidad de las personas que no tienen un hogar y la insuficiencia de los servicios sociales de atención primaria para atender sus necesidades.  

Respecto a la cuestión del sinhogarismo, en particular, el informe destaca que, tradicionalmente, las administraciones han acudido a los servicios que ofrecen las entidades de la sociedad civil sin ánimo de lucro para cubrir las necesidades de estas personas, mediante la fórmula de contratos, ayudas o subvenciones directas para dichas entidades, haciendo que esa alternativa, que habría de ser complementaria, se convierta en muchos casos en mayoritaria. 

El informe critica que se siga confiando mayoritariamente en la generosidad de intervenciones altruistas en lugar de reforzar los servicios públicos. Y es que, en el ámbito de la asistencia social, la puesta a disposición de recursos para atender a las personas en situación emergencia social y de calle está especialmente condicionada a las capacidades y recursos públicos disponibles, la cuales han estado demostrando su insuficiencia. 

A este respecto, el Defensor del Pueblo no aprecia que las administraciones competentes estén reforzando debidamente los servicios sociales de atención primaria, al menos a la altura de las necesidades que presentan muchos ciudadanos, particularmente en las principales ciudades.  

Otra cuestión que destaca el informe, y que desde HOGAR SÍ hemos venido recordando, parte de la importancia del derecho de todas las personas al empadronamiento. Es obligación de las administraciones locales garantizarlo y aplicar los mecanismos legales necesarios para permitir el empadronamiento en situaciones especiales, como es el caso de las personas en situación de sinhogarismo. Así mismo, el Defensor del Pueblo, insta a la Administración General del Estado a vigilar que esta normativa se cumpla y obligar a quienes no lo hacen a dejar de excluir a las personas más vulnerables. 

En el ámbito de la vivienda, también se pone de manifiesto la existencia de un grave problema de acceso, lo cual, lleva tiempo preocupando al Defensor del Pueblo, y así lo ha recogido en los informes anuales que ha presentado ante las Cortes Generales en los últimos años, instando a los poderes públicos a actuar con la mayor determinación en la promoción de las condiciones necesarias y en la adopción de las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de un vivienda digna y adecuada, contemplado en el artículo 47 de Constitución.  

A su vez, se critica como la descalificación ha permitido que muchas viviendas financiadas con fondos públicos hayan pasado a ser propiedad privada y ha impedido la creación de un parque público que pueda satisfacer las necesidades actuales y futuras de vivienda social. Tanto es así que sus estimaciones recogen que más de mitad de la vivienda con protección pública construida entre 2005 y 2018 ha dejado de serlo y ha pasado a ser propiedad privada. 

En cuanto a los desahucios, los cuales según el INE provocan el inicio del sinhogarismo en el 40% de los casos, el Informe señala como las actuaciones de la institución aumentaron, pasando de 60 en 2023 a 102 en 2024, según señala el informe. Las familias carecen de información sobre los recursos a los que pueden acudir, según asegura el informe. La escasez de vivienda pública para situaciones de emergencia social y los tiempos excesivos para adjudicar una vivienda en estas situaciones pueden suponer que los afectados deban solicitar a los ayuntamientos prórrogas de su estancia en los recursos residenciales temporales de urgencia. 

Finalmente, cabe destacar como informe se hace eco de datos muy significativos a este respecto: como que entre 2015 y 2023, según Eurostat, el precio de compra en España se ha incrementado un 42 % –casi el doble que los salarios– y el de los alquileres un 58 %; o como que en el entorno europeo, España destaca negativamente por su escaso parque de viviendas con protección pública, el cual solo representa el 2,5 % del total, según los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo, muy lejos del 10 % de la media europea, del 17 % que registran Francia y el Reino Unido, o del 30 % de Países Bajos. 

 

 

 

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