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La ONU insta a España a mejorar y aprobar urgentemente la Ley de Vivienda

El 24 de enero de 2023, los Relatores Especiales de la ONU sobre vivienda adecuada y sobre extrema pobreza y derechos humanos enviaron una comunicación conjunta al gobierno de España, urgiendo a mejorar y aprobar cuanto antes la Ley de Vivienda. Los expertos celebran que se haya impulsado este proyecto de ley como manera de afianzar el derecho humano a la vivienda en nuestra legislación y asumen este proceso como un paso necesario para alinearse con el Consejo de Derechos Humanos, que en su resolución 43/14 insta a proteger el derecho a la vivienda y a reparar las violaciones de este derecho. A su vez, los relatores ponen sobre la mesa algunas cuestiones que se podrían mejorar. 

La carta comienza resaltando los aspectos positivos del proyecto de ley que se encuentra actualmente en tramitación, y que en general compartimos. Destacan las medidas para proteger el parque de vivienda social, tales como la prohibición de la venta o privatización de viviendas de protección oficial; las disposiciones que permiten el control de precios de alquiler en zonas tensionadas; la prórroga de la suspensión de los desalojos de personas vulnerables o la reforma de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, previendo que un 30 por ciento de los suelos nuevos destinados a la construcción de viviendas sean de protección pública. 

A continuación, pasan a exponer los puntos en los que aún hay margen de mejora. Estos van en la línea de asegurar el acceso al derecho humano a la vivienda a todas las personas, reforzando la protección de los grupos vulnerables. Concretamente, aunque valoran positivamente que el artículo 14 contemple a las personas en situación de sinhogarismo dentro de los grupos que requieren especial atención, consideran que estas disposiciones son insuficientes. El motivo es que no se prevé ningún mecanismo efectivo para que las personas que viven en la calle accedan a la vivienda.  

En este sentido, los expertos señalan que los Estados tienen la obligación inmediata de garantizar el acceso a una vivienda que cumpla con los estándares mínimos de adecuación, habitabilidad y privacidad. Además, hacen énfasis en que asegurar este derecho es también imperativo para garantizar y proteger otros derechos humanos como el derecho a una vida digna, el derecho a la seguridad, y el derecho a la salud.  

Para lograr este objetivo, se insiste en la necesidad de garantizar la justiciabilidad del derecho a la vivienda. Se critica que la ley no contemple un derecho subjetivo para las personas en situación de vulnerabilidad, que pueda ser reclamado ante los órganos administrativos y ante los tribunales en caso de incumplimiento. Éstos deberían asegurar el acceso a la vivienda de las personas que enfrentan dificultades, ya sea en forma de vivienda social y vivienda protegida o de prestaciones sociales que les permitan acceder a una vivienda adecuada en el mercado privado. 

Otro de los aspectos de mejora tiene que ver con la necesidad de aumentar el parque de vivienda social y asequible. Los relatores insisten en que la ley debería incluir un compromiso concreto de aumento progresivo del parque público de vivienda social, determinando un incremento porcentual anual y un calendario para ir acercándonos poco a poco a la media europea (actualmente sólo disponemos de un 2,5% de vivienda social, frente al 9,3% de la UE), con el horizonte de llegar al 15% de vivienda social en 2040.  Además, las viviendas protegidas deben situarse en todos los vecindarios y estar completamente integradas con unidades de vivienda de clase media y alta, evitando la segregación.  

 

PROPUESTAS DE HOGAR SÍ Y PROVIVIENDA 

Las mejoras que proponen los Relatores coinciden con las propuestas de HOGAR SÍ y Provivienda, destinadas a reforzar el derecho humano a la vivienda, erradicar el sinhogarismo y aumentar el parque de vivienda social y en alquiler asequible. Estas propuestas han sido registradas como enmiendas en el Congreso por grupos de todo el arco parlamentario, y esperamos que se incluyan en el texto final que aprueben las Cortes.  

Una de estas demandas es que la erradicación del sinhogarismo se incluya entre los fines de la ley. Aunque parece de sentido común que una Ley por el derecho a la vivienda deba servir para que ninguna persona viva en la calle, el texto actual no lo incluye específicamente. Para conseguir este objetivo se deberán utilizar, a partir de ahora, soluciones basadas en vivienda, abandonando, por fin, un sistema de atención basado en albergues que ha demostrado ser ineficaz.   

Otra de las propuestas consiste en incluir en la norma la definición de sinhogarismo cronificado. Estarían en esta situación aquellas personas que no acceden o no se mantienen en una plaza alojamiento estable, viviendo de forma habitual en la calle o utilizando esporádicamente recursos de alojamiento de emergencia no permanentes. Según el INE, más del 40% de las personas que no tienen hogar llevan en esta situación al menos 3 años, por lo que la inclusión de esta definición podría servir para poner el foco en estas situaciones especialmente complejas y darles una respuesta diferenciada, tanto desde el ámbito de las políticas públicas como desde el campo de la intervención. 

Asimismo, apostamos por la inclusión de la figura de las entidades sociales proveedoras de vivienda, que serían aquellas entidades sin ánimo de lucro que tienen entre sus principales objetivos proveer de vivienda asequible y social a personas en riesgo de exclusión residencial. Unido a esto, se proponen una serie de incentivos fiscales para facilitar el trabajo de las entidades a la hora de ampliar nuestros parques de vivienda destinados a colectivos en dificultades. 

Por último, se busca que la ley regule la figura del alquiler de habitaciones. A día de hoy, esta figura no está regulada de forma expresa en la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que genera inseguridad e inestabilidad para las personas inquilinas, dejando en manos de la buena voluntad de los arrendadores la posibilidad de demostrar que esa habitación constituye nuestro domicilio habitual. Este requisito es imprescindible para empadronarnos, y por tanto para poder acceder a derechos básicos como nuestra tarjeta sanitaria, o prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital o las ayudas al alquiler. 

Estas propuestas de mejora pueden contribuir a la necesaria erradicación del sinhogarismo y servir para para hacer efectivo el derecho a la vivienda consagrado en nuestra Constitución, por lo que instamos a los grupos parlamentarios a apoyar su inclusión durante la tramitación parlamentaria y a aprobar la ley lo antes posible.