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Regularizar para que nadie quede atrás: HOGAR SÍ presenta sus aportaciones al Proyecto de Real Decreto para la regularización extraordinaria

  • La regularización reconoce a personas ya residentes y reduce los efectos de la precariedad administrativa en el acceso residencial.

El Gobierno ha abierto a audiencia e información pública el Proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024) para articular una regularización extraordinaria de personas que ya viven en España. Desde HOGAR SÍ  hemos registrado nuestras aportaciones para que esta oportunidad sea verdaderamente inclusiva con quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad, en particular las personas en situación de sinhogarismo.

Esta iniciativa normativa hunde sus raíces en un recorrido social y político más amplio; la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la regularización, respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración por el Congreso, supuso un enrome hito democrático en materia migratoria.

En este sentido, la perspectiva migratoria es clave para comprender el sinhogarismo en España. La última Encuesta de Personas Sin Hogar del INE (2022) detalla como aproximadamente la mitad de las personas sin hogar tiene nacionalidad extranjera, con trayectorias atravesadas por barreras de empadronamiento, sin embargo, la ciudadanía en general no siempre es completamente consciente de esta relación estructural que existe entre la migración y el sinhogarismo. En nuestro informe Radiografía social del sinhogarismo en España: percepciones, realidades y retos, elaborado a partir de una encuesta realizada a 1.500 personas en España, se desarrolla como la migración está claramente infravalorada por la ciudadanía: solo el 19,8 % la menciona como causa, pese a que el 28,8 % de las personas sin hogar la identifica como uno de los principales detonantes de su situación. Este desfase refleja una realidad compleja: la llegada a un país sin redes familiares, sin oportunidades laborales estables y con grandes barreras administrativas multiplica el riesgo de exclusión residencial severa, en una medida muy superior a la que socialmente solemos percibir o reconocer.

La nueva regularización migratoria también tendrá implicaciones profundas en el ámbito del acceso a la vivienda, que obtener una autorización de residencia la persona pasa a tener más facilidades de poder firmar contratos legales, ejercer derechos básicos como el empadronamiento, abrir una cuenta bancaria, recibir notificaciones oficiales y comenzar a construir un historial documental que protege frente a abusos y desalojos irregulares. Como señalamos en nuestro documento de posición El sinhogarismo cero comienza con más vivienda, el acceso a la vivienda es un derecho habilitante que permite ejercer el resto de derechos. La regularización, al mejorar las condiciones de acceso al mercado residencial, se convierte también en una política lucha contra sinhogarismo y en una herramienta para fortalecer la cohesión social. que algunos discursos intenten presentar la medida como un factor de tensión sobre la demanda de vivienda. Sin embargo, esta interpretación ignora un elemento central: las personas que podrán regularizar su situación ya viven en España, ya trabajan, ya participan de la vida en nuestros barrios y ciudades, solo que lo hacen en condiciones de invisibilidad legal que las empujan hacia los márgenes del mercado de la vivienda y las obligan, en muchos casos, a aceptar situaciones abusivas o a residir en alojamientos inestables, infraviviendas o directamente en la calle. La regularización no introduce población nueva en el sistema residencial, sino que reconoce la presencia de quienes ya están y permite que esa presencia deje de estar marcada por la precariedad administrativa.

Desde HOGAR SÍ creemos, sin embargo, que esta oportunidad debe reforzarse para que ninguna persona vulnerable quede fuera por barreras documentales, económicas o tecnológicas. Por eso, nuestras aportaciones al trámite de audiencia pública buscan mejorar la norma y garantizar que su implementación sea realmente accesible. En concreto, proponemos:

– Reconocimiento de certificados sociales: Reconocer expresamente la validez de los certificados emitidos por las entidades inscritas en el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital, así como por aquellas entidades adheridas a su convenio, como vía para acreditar la permanencia en España y la situación de vulnerabilidad social.

– Exención de tasas en casos de exclusión: Establecer la exención de tasas administrativas cuando exista una situación de exclusión social debidamente acreditada.

– Vías presenciales y flexibles de tramitación: Habilitar procedimientos presenciales y flexibles que permitan superar la brecha digital en el acceso a la tramitación administrativa.

– Mecanismos de comunicación accesibles: Crear mecanismos de comunicación accesibles para personas sin domicilio estable, evitando que la imposibilidad de recibir notificaciones convierta el procedimiento en inaccesible y genere situaciones de indefensión.

Nuestra participación en este proceso forma parte de un compromiso sostenido: avanzar hacia un país en el que ninguna persona viva en la calle. Alinear la política migratoria con el derecho a la vivienda y la erradicación del sinhogarismo es clave para construir un sistema más justo y eficaz. Esta regularización extraordinaria no solo reconoce derechos: ordena una realidad ya existente, reduce la informalidad y acerca el acceso a la vivienda a quienes hoy viven en los márgenes de la legalidad. Lejos de tensionar el sistema, puede fortalecerlo, hacerlo más transparente y permitir que miles de personas reconstruyan su vida desde la igualdad y la dignidad.

Aitor de la Fuente Sánchez, Técnico de Relaciones Institucionales en HOGAR SÍ.

 

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