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El Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos visita las instituciones de la Unión Europea.

El propósito de la visita fue realizar una evaluación de la contribución de la Unión Europea a la lucha contra la pobreza y ofrecer recomendaciones constructivas a los Estados miembros.

El Relator ha proporcionado finalmente sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos de la Unión Europea para su estudio, contribuyendo al desarrollo de un nuevo Plan de Acción para el Pilar Europeo de Derechos Sociales.

El Relator Especial de Naciones Unidas, Olivier De Schutter, realizó una visita a las instituciones de la Unión Europea del 25 de noviembre de 2020 al 29 de enero de 2021 con el fin de mejorar su comprensión de cómo las políticas de lucha contra la pobreza a nivel nacional son apoyadas por las políticas a nivel de la Unión Europea. Durante el viaje a los diferentes Estados de la Unión, escuchó a los actores involucrados en la lucha contra la pobreza, entre los que se incluyeron representantes del Estado Español.

Los diferentes actores destacaron colectivamente en sus declaraciones lo cerca que estaban grandes segmentos de la población europea del abismo de la pobreza incluso antes de que la actividad económica colapsara tras el comienzo de la pandemia del coronavirus.

No obstante, la mirada experta del Relator sobre la Unión Europea revela un panorama más preocupante de lo que se pensaba. Las estimaciones de la desigualdad de ingresos y la pobreza han empeorado desde el inicio de la pandemia causada por la COVID-19 y es poco probable que mejoren incluso a medio plazo. Han aumentado la dependencia de los bancos de alimentos y las demandas de apoyo a los ingresos de emergencia. Además, encontrar un trabajo de calidad para aquellos con bajos niveles de calificación o experiencia es ahora cada vez más difícil.

Actualmente, una de cada cinco personas, es decir, un total de 91,4 millones de personas, o lo que es lo mismo, el 20,9% de la población, todavía se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social en la Unión Europea.

Además, la falta de vivienda está aumentando en toda Europa, con al menos 700.000 personas durmiendo a la intemperie cada noche, aunque faltan datos completos y comparables sobre el fenómeno, situación que para el Relator es preocupante y da muestra de olvido y desinterés por parte de los Estados miembros hacia las personas en situación de sinhogarismo.

Para el Relator Especial estos números sugieren que el enfoque actual que se implementa para tratar de erradicar la pobreza en la Unión Europea es demasiado escueto e incompleto como para ser considerado apropiado o suficiente, teniendo en cuenta la escala del problema.

La crisis de la COVID-19 y la inmediata reacción de las instituciones de la Unión Europea para tratar de reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia, brindan una oportunidad única para abordar las limitaciones estructurales que han frustrado sus esfuerzos contra la pobreza hasta el momento, con el objetivo de reorientar sus estrategias y de modificar sus mecanismos. En este sentido, consideramos los fondos Next GenerationEU y el nuevo periodo de programación de fondos estructurales de la UE, suponen importantes oportunidades para afrontar estos retos.

Tras la visita del Relator, la Comisión Europea anunciaba la creación de un Plan de Acción para el Pilar Europeo de Derechos Sociales, publicado el 4 de marzo de 2021, siendo un paso importante para dotar al Pilar de eficacia práctica. El Plan se convierte así en la principal herramienta de la Unión Europea para abordar la pobreza y la exclusión social desde ahora hasta 2030.

No obstante, para el Relator las expectativas del Plan eran particularmente altas tras este lanzamiento y, como resultado, era difícil no defraudar.

El Plan de Acción es un paso importante en la dirección de la erradicación de la pobreza; sin embargo, no aborda las causas estructurales de la pobreza ni todos los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Una de las principales deficiencias señaladas es, que el cuadro de indicadores sociales, incluso con sus revisiones propuestas, está mal equipado para monitorear el principio 19, sobre vivienda y asistencia para las personas en situación de sinhogarismo.

Las encuestas de hogares pasan por alto la realidad de las personas sin hogar y, como resultado, las estimaciones son, en el mejor de los casos, optimistas, lo que pone en duda la capacidad del cuadro de indicadores para monitorear de manera efectiva la implementación del principio 19 del Pilar, sobre vivienda y asistencia para las personas sin hogar. El cuadro de indicadores tampoco incluye la asequibilidad de la vivienda, a pesar de que podría capturarse fácilmente a través de la tasa de sobrecarga de costos de vivienda de EU-SILC[1].

Además, faltan referencias al contenido normativo de los derechos humanos. El Plan de Acción no reconoce explícitamente el derecho a una vivienda adecuada y protección social como derechos humanos, sino que se refiere a ellos como bienes o servicios que deben proporcionarse, en lugar de derechos que las personas pueden reclamar.

Al concluir su visita, el Relator Especial recomendó que se desarrollara una estrategia de lucha contra la pobreza en toda la Unión Europea como piedra angular del Plan de Acción. Sugirió que esta estrategia debería incluir un objetivo de reducción de la pobreza en un 50% y el compromiso de eliminar la falta de vivienda para 2030. El objetivo principal de una reducción de 15 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social no es suficientemente ambicioso. Además, no hay consecuencias por no alcanzar el objetivo, y no se han establecido mecanismos que permitan a los ciudadanos exigir responsabilidades a sus gobiernos.

El Pilar Europeo de Derechos Sociales, incluido su nuevo Plan de Acción, sigue siendo por ahora un instrumento que proporciona una orientación útil, pero no crea garantías legales exigibles ante los tribunales u otros órganos independientes. Se deben realizar más esfuerzos para fortalecer la protección de los derechos sociales como exigibles, incluyendo estos derechos dentro del ordenamiento jurídico de la Unión Europea.

En HOGAR SÍ, compartimos las conclusiones del Relator, las buenas intenciones no son suficientes: es necesario reconocer las lagunas que quedan en el marco jurídico y político en el que operan las instituciones de la Unión Europea, alinearlas mejor con la intención declarada de erradicar la pobreza y sin duda garantizar el derecho al acceso a una vivienda a todas las personas como un elemento que facilita los procesos de inclusión y el acceso a otros derechos.

 

[1] European Union Statistics on Income and Living Conditions.

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