Logros y futuros desafíos de la nueva Ley de vivienda para acabar con el sinhogarismo en España
Hace más de un año comenzando el trámite de la Ley de Vivienda en el Congreso, desde HOGAR SÍ y Provivienda hicimos una valoración sobre el proyecto de la ley de vivienda. A esta valoración, le siguió un llamamiento a los diferentes grupos parlamentarios para que tuvieran en una consideración especial al problema del sinhogarismo en la nueva ley de vivienda, ya que la existencia de personas sin hogar en nuestro país es un reflejo de la vulneración del derecho constitucional, recogido en el artículo 47, de que todas las personas tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes”.
Con el acuerdo entre el gobierno y diversos partidos para la aprobación de la futura Ley de Vivienda, desde HOGAR SÍ y Provivienda queremos valorar los avances y asuntos pendientes de esta nueva norma para combatir una de las caras más extremas de la pobreza y la exclusión: el sinhogarismo.
El sinhogarismo en la nueva Ley de Vivienda
Uno de los puntos que celebrar en la nueva ley es el reconocimiento de la necesidad de identificar y prevenir el sinhogarismo. Se incluye también una definición de sinhogarismo y sinhogarismo cronificado. La inclusión de esta definición es importante porque puede servir para poner el foco en estas situaciones especialmente complejas y darles una respuesta diferenciada, tanto desde el ámbito de las políticas públicas como desde el campo de la intervención.
También es positivo el reconocimiento de “la responsabilidad de las administraciones en la lucha y prevención del sinhogarismo, de forma integrada e intersectorial y asegurando la complementariedad entre las distintas políticas, recursos y servicios; con el objetivo último de garantizar la plena inclusión de las personas sin hogar”.
Aunque estas inclusiones son avances sustanciales, se puede ser más ambicioso: las políticas públicas deben orientarse hacia la erradicación del sinhogarismo, en consonancia con la Agenda 2030 y la Declaración de Lisboa sobre la Plataforma Europea para combatir el sinhogarismo suscrita en junio de 2021 por diversos gobiernos europeos, incluido España.
El papel del tercer sector como proveedores de vivienda asequible
Otro de los aspectos destacables que menciona la nueva ley es que reconoce el papel del tercer sector en la provisión de vivienda asequible y social, y la necesidad de la colaboración público-privada como vía para ampliar el parque de vivienda.
Incluir el rol de las entidades sociales en la provisión de vivienda es un paso importante que abre la oportunidad a que se puedan establecer mecanismos dentro de las políticas públicas para favorecer y facilitar su actividad (desde regular las ayudas contempladas en los Planes de Vivienda o plantear salvaguardas dentro de la legislación que pueda afectar a su actividad) y aumentar el stock de vivienda social para ayudar a personas sin hogar como insta el Concejo de Europa.
Sin embargo, la ley de vivienda tiene un punto de mejora en este sentido: creemos que para fortalecer el rol de las entidades sociales se debería valorar excluirlas explícitamente dentro de la definición de grandes tenedores de vivienda.
La regulación del alquiler y la fiscalidad: los grandes desafíos pendientes
Reconociendo los avances que suponen la futura Ley de Vivienda para el aumento de la vivienda social y la lucha contra el sinhogarismo, hay dos desafíos pendientes.
El primero sería mejorar la regulación del alquiler de habitaciones. Aunque se establece un plazo de 6 meses para avanzar en una propuesta normativa a través de un grupo de trabajo, debe ser fundamental que dicho grupo cuente con la presencia de organizaciones del Tercer Sector como HOGAR SÍ y Provivienda. Actualmente el arrendamiento de habitaciones no está regulado suficientemente. Esto genera problemas para que las personas puedan empadronarse y por tanto para poder acceder a derechos básicos como la tarjeta sanitaria y a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital o las ayudas al alquiler.
El segundo desafío tiene que ver con ir más allá de lo que contempla la actual ley respecto a los incentivos fiscales para facilitar que las entidades sociales proveedoras de vivienda tengamos más facilidades a la hora de ampliar los parques de vivienda destinados a colectivos en dificultades,
En conclusión, consideramos que la ley de vivienda supone un gran avance, pero es necesario que el conjunto de las políticas públicas considere las necesidades de las personas sin hogar de manera integral y efectiva, con foco en la prevención y la erradicación. Además, es esencial garantizar el acceso a la vivienda a través de medidas como el aumento de la oferta de viviendas en alquiler asequible (tanto públicas como privadas), la protección de los derechos de los inquilinos (incluido las personas que alquilan habitaciones) y el fortalecimiento del papel del tercer sector.
Un texto de Felipe Torrealba Herrera, técnico de Incidencia Política.