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La falta de vivienda y los delitos de odio por aporofobia

Las personas en situación de sinhogarismo sufren una vulneración sistemática de los derechos humanos, esta vulneración comienza con la negación de un derecho básico como es la vivienda. Sin embargo, no acaba ahí, de esta se derivan otras violencias generalizadas y ampliamente toleradas y los delitos o incidentes de odio se colocan en la punta del iceberg.

El sólo hecho de estar en situación de calle hace que su vulnerabilidad se potencie. De este modo las personas en situación de sinhogarismo pueden ser elegidas como víctimas de violencias basada en el odio tanto por rechazo a la pobreza como por reafirmación de su vulnerabilidad. Según el observatorio HATEnto, el 47% de las personas en situación de sinhogarismo son víctimas de algún incidente o delito de odio, y más de la mitad afirman haberlo sufrido más de una vez mientras se encontraban en situación de sinhogarismo.

Llegados a este punto, lo que se espera es que las víctimas sean acompañadas, protegidas y reparadas. Sin embargo, lo que encontramos en muchas de las ocasiones son determinadas barreras que impiden a las personas en situación de sinhogarismo el acceso a sus derechos, derechos como el acompañamiento, la protección o, incluso, el trato correcto y respetuoso, determinante a la hora de que se atrevan a interponer una denuncia o a iniciar un proceso judicial de estas características.

Las principales barreras que se encuentran ocurren en el momento de la detección y la interposición de la denuncia, seguramente que estas barreras al impedir el inicio del procedimiento y de las actuaciones hacen que no podamos llegar a analizar a fondo otros momentos de la judicialización ya que la mayoría se quedan en esta primera etapa, o no llegan. Más que barreras son muros.

La forma inicial de comenzar este viaje es que la detección se dé por parte de las y los profesionales de organizaciones sociales, siendo estas mismas las que ponen la denuncia o las personas que han sido víctimas acompañadas por las organizaciones. Además, la situación no suele ser que la propia persona acuda a la organización a contarlo, sino que en el transcurso de otras actividades salgan a la luz.

Por ello, la falta de formación adecuada por parte de los organismos públicos y también de las instituciones privadas, por ejemplo, juega un papel fundamental. Por un lado, el 50% de las y los profesionales han afirmado que les falta formación con respecto a qué es un delito de odio por aporofobia y el 55% necesitaría ampliar su conocimiento en cuanto a como tratar y entrevistar a personas en situación de sinhogarismo.  Esto es importante porque de la primera persona funcionaria que tiene conocimiento del hecho depende en gran medida la clasificación del incidente y recursos que se activen.

En el estudio ‘Denuncia y judicialización de los delitos de odio: un laberinto para las víctimas en situación de sinhogarismo’ constatamos que se sigue actuando muchas veces en base a estereotipos y prejuicios a la hora de atender a estas personas, incluso cuando han sido víctimas de delitos tan graves como los de odio. Esto hace necesario reevaluar las herramientas con las que se está enfrentando esto con el conjunto de la sociedad pero muy urgentemente en los organismos públicos. Ya que los organismos públicos no deben ni pueden ser el reflejo de la sociedad en cuanto a actos discriminatorios y prejuiciosos sino referentes en cuanto a proporcionar justicia, acompañamiento y protección a la ciudadanía.

La falta de profesionalidad en este sentido puede llevar a que se produzcan un trato inadecuado hacia las personas, a que las víctimas hagan un relato desordenado de los hechos que afectará a su persecución o la falta de confianza de las personas en situación de sinhogarismo en las instituciones.

Otras barreras encontradas en la detección y la denuncia son la falta de datos oficiales, la falta de personal especializado o la carencia de mirada interseccional, que simplifica la realidad sin tener en cuenta el alcance de aquellas situaciones discriminatorias en la que las personas tienen más de una característica protegida.

Es complicado saber cual es el peso de cada uno de los impedimentos en todo el proceso, lo que sí podemos afirmar es que no hay un elemento principal que no esté funcionando sino un conjunto de dinámicas, acciones y gestiones que en su conjunto contribuye a la falta de reparación de las víctimas y a la impunidad de estos tipos de delitos e incidentes de odio por aporofobia.

En cuanto a la protección y el acompañamiento hay una falta de diseño de medidas que se adapten a las realidades de las personas en situación de sinhogarismo que impiden que estas medidas tengan el efecto deseado. La dilación del procedimiento, que puede durar hasta 5 años se hace compleja y casi imposible cuando además topas con la brecha tecnológica o la falta de tener un sitio en el que localizarte. Además, hoy en día, todavía la aporofobia no está contemplada como agravante de los delitos e incidentes de odio. Con todo, esta semana, se ha producido un importante avance en esta cuestión con la tramitación de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que incluye la incorporación de la aporofobia como agravante en el Código Penal. Asimismo, la legislación concreta en cuanto a igualdad de trato y no discriminación hace más efectiva la lucha contra este tipo de incidentes y ayuda a no normalizar las violencias y discriminaciones a las que estas personas se ven sometidas.

De entre todas las medidas posibles, no hay que olvidar que garantizar el derecho a la vivienda es la forma más eficaz y rápida para acabar con todas las violencias derivadas que sufren las personas en situación de sinhogarismo.

Ruth Caravantes Vidriales, técnica de Investigación de HOGAR SÍ

 

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