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Trump y el sinhogarismo: la vulneración de derechos que, además, solo agrava el problema 

Quienes trabajamos en el ámbito del sinhogarismo en todo el mundo recibimos hace unos días con preocupación la noticia de que el presidente Donald Trump había tomado el control de los servicios policiales de Washington D.C. y desplegado efectivos de la Guardia Nacional para abordar una supuesta “crisis” en la ciudad, que se manifestaba, entre otras cuestiones, en la existencia de “barrios marginales” donde pernoctan personas en situación de sinhogarismo. 

El plan del presidente de Estados Unidos consiste en expulsar a todas las personas sin hogar de la ciudad, trasladándolas —voluntariamente o por la fuerza— a terrenos en el extrarradio y alojándolas en “carpas de calidad”. Nos gustaría poder decir que se trata de una política inédita, pero lamentablemente, a nivel global estamos asistiendo a un aumento de la criminalización de la pobreza. Esta tendencia se traduce en discursos públicos que estigmatizan a las personas sin hogar, normativas que sancionan el hecho de dormir en la calle o restringen el uso de servicios y espacios públicos, así como en la expulsión de edificios públicos y zonas abiertas en el centro de las ciudades. Por desgracia, España no es una excepción a estas prácticas que no resuelven el problema sino que solo lo desplazan donde es menos visible y se cronifica. 

Lo que sí resulta inédito es la escala y el nivel de exposición mediática con los que se está llevando a cabo esta criminalización y la consiguiente violación de derechos. Y hablamos de violación de derechos porque, como señala el informe Romper el ciclo: acabar con la criminalización de las personas sin hogar y en situación de pobreza, elaborado por los relatores especiales de Naciones Unidas sobre Vivienda y Pobreza, estas prácticas vulneran derechos humanos fundamentales, como la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la libertad y a la seguridad; el derecho a la libre circulación y a elegir libremente el lugar de residencia; e incluso el derecho a la vida. 

Por si no fuera suficiente que estas medidas supongan una grave violación de derechos, además implican un enorme despilfarro de recursos públicos por diversos motivos: 

En primer lugar, se destinan efectivos policiales a un problema que no es de seguridad. Mientras se ocupan de estas tareas, no están trabajando en la prevención ni en la persecución de delitos reales. Como consecuencia, los servicios policiales cada vez van requiriendo más y más recursos, sobrecargados para abordar problemáticas para los que no fueron concebidos y se pierden recursos que podrían ser destinados a las políticas de vivienda y a las de acompañamiento necesarias. 

En segundo lugar, este tipo de actuaciones, que abordan el sinhogarismo como un problema de orden público, deterioran el trabajo que los servicios sociales y las organizaciones del Tercer Sector realizamos con estas personas. Al forzarlas a desplazarse fuera de los lugares donde habitualmente pernoctan, se rompe la confianza en el sistema, así como en los equipos profesionales de atención y se destruyen los pocos lazos y redes de ayuda que tanto esfuerzo les ha costado construir. Estos vínculos no solo son esenciales para su subsistencia, sino que también representan el germen de un horizonte de salida a su situación. 

En tercer lugar, todo el dispositivo que implica la criminalización del sinhogarismo y su persecución policial resulta, en muchas ocasiones, más costoso que el abordaje integral del problema y de su causa principal: la falta de vivienda. La combinación de ofrecer alojamiento en vivienda junto con apoyos personalizados ha demostrado, en innumerables evaluaciones, ser eficaz y eficiente para resolver el sinhogarismo, e incluso para lograr que las personas puedan salir completamente del sistema de atención sin necesidad de seguir recibiendo apoyos. 

Como vemos, la criminalización del sinhogarismo no solo vulnera derechos, sino que además es ineficaz. Pero también conlleva un riesgo añadido: la legitimación de discursos y actos de odio contra estas personas, tal y como muestran algunas investigaciones. 

En HOGAR SÍ impulsamos el observatorio HATEnto, especializado en el análisis de incidentes y delitos de odio cometidos contra personas en situación de sinhogarismo, especialmente aquellos motivados por aporofobia. Observamos con preocupación cómo estos parecen crecer, a pesar de que no siempre se reflejan en las estadísticas oficiales. El hecho de proyectar el sinhogarismo como un problema de orden público —y no como la violación de derechos que realmente es— genera el caldo de cultivo para que la discriminación, las agresiones e incluso el asesinato de estas personas extremadamente vulnerables aumenten sin que se genere la alarma ni la respuesta social necesarias. 

Desde HOGAR SÍ y nuestro observatorio HATEnto trabajamos junto con una pluralidad de actores para que en España no siga creciendo esta oleada criminalizadora, y para ofrecer una respuesta garantista y basada en derechos a un fenómeno que vulnera los derechos de al menos 37.000 personas en nuestro país. Nuestros programas  que abordan la vivienda,  la salud y el empleo son soluciones efectivas para abordar al sinhogarismo y  garantizar los derechos de las personas más vulnerables.